- La Procuración General denuncia a financieras que dan créditos personales a tasas por las nubes.
"Las personas de menores ingresos pagan más por las compras de los mismos productos". Así de tajante fue el informe de la Procuración General de la Nación al que tuvo acceso ARGnoticias que desentrama el negocio de las financieras y los préstamos personales a individuos no bancarizados. La investigación está firmada por German Feldman, nombrado el último viernes como vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, puesto que se encarga de monitorear el sector. "El negocio de los prestamos está dirigido al atraso en el pago para la posterior aplicación de elevadas tasas de interés o incluso embargar el salario", denuncia el estudio.
Según el informe de la PROCELAC, la masificación del consumo que ha caracterizado a la economía en los últimos años reprodujo las diferencias sociales. "Se tiende a generar violencia económica" afirma, al constatar que, en comparación, el costo financiero total de los préstamos en CABA son más caros para personas de bajos recursos, que no están en el sistema formal de los bancos.
La Argentina, como América Latina, presenta bajos niveles de bancarización. Solo un 16% del PBI está explicado por los créditos bancarios, por lo cual es muy grande la cantidad de personas que acuden a entidades extraoficiales para financiar el consumo.
Hay cuatro tipos de oferentes para los créditos de consumo: compañías financieras, comercios (retailers), cooperativas y asociaciones mutuales y compañías de crédito. La mayoría de estas financieras se ubican en las zonas de Once, Caballito, Flores, Liniers, Pompeya y Constitución, lugares con un ingreso per cápita menor al promedio de la Capital.
Como consta en el informe, los contratos poseen en muchos casos cláusulas leoninas expresadas en los denominados gastos administrativos del crédito, en los intereses punitorios y en la firma de los pagarés ejecutables en caso de incurrir en mora. La desigualdad se da por el aprovechamiento de las entidades financieras, que terminan cobrando casi el triple que un banco público por la financiación de un bien.
Según calcula el estudio, por un préstamo de $1.000 a 12 cuotas fijas, los costos financieros totales son en promedio un 51,9% en bancos públicos, un 96,6% en los bancos privados y en las entidades financieras no bancarias llega hasta 135,5%, es decir, el costo global que deberá afrontar el cliente es casi de una vez y media el valor del crédito. El banco público más caro es el Ciudad con un 52,2%, en privados el Macro con 113,5% y en entidades financieras Credilogros con un 165,3%.
La situación empeora al verse que estos vínculos se pactan con pagarés. Según denuncia la investigación, estos contratos limitan el derecho a una defensa adecuada por parte del deudor y eliminan el control del mismo al momento de liquidarse a deuda. En ese sentido, se remarca que el uso del pagaré resulta "alarmante". En el 90% de los juicios ejecutivos en la Justicia comercial no se tiene la certidumbre de si el documento fue utilizado de manera abusiva por el acreedor y si se le otorgó la oportunidad al deudor para defenderse adecuadamente.
"El negocio de los prestamos está dirigido al atraso en el pago para la posterior aplicación de elevadas tasas de interés punitorias o incluso la ejecución de la letra de cambio para embargar el salario y los bienes de la persona endeudada en la justicia comercial", remata el estudio e insta a "una mayor regulación del mercado de créditos para el consumo".
En ese sentido, concluye Feldman, quien deberá intervenir desde el Banco Central en la actividad: "La expansión de las finanzas hacia los sectores populares no siempre implica un proceso integrador porque no está acompañada por políticas de regulación y supervisión".
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